Pablo Fernández Blanco

La situación de violencia producto de la presencia de armas sin control en las calles de Venezuela no es un secreto para nadie. Cálculos de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional acercan a los 6 millones el número de armas de fuego que están en las calles venezolanas. El diputado Juan José Mendoza, de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, elevaba ese número a 9 millones.

Pero sea cual fuere el número real, lo cierto es que sólo 1.400.000 armas aproximadamente son las que están formalmente registradas ante Darfa y menos de una cuarta parte de ese número de armas actualizaron su registro cuando esto fue requerido.

La sola dimensión de estas cifras es terrorífica y refleja la enorme tarea que tiene entre manos el Gobierno Nacional en esta materia; área en la cual sin lugar a dudas encontrará escollos importantes pues el negocio que representa la compra y venta de armas no es un secreto para nadie. Enormes redes delictivas dentro y fuera del país lucran con este negocio de la muerte y la adquisición de un arma de fuego se ha convertido casi en un juego de niños.

Crear una política de desarme consistente, permanente y confiable es precisamente uno de los mandatos expresos del Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana que se creó meses atrás. Una legislación estricta para sancionar el porte ilícito de armas; una política educativa profunda desde la infancia para educar en una cultura de paz, respeto a los derechos humanos y resolución pacífica de conflictos; un control estricto de las armas en manos de los organismos del Estado y un cerco total a los mercaderes de armas son medidas claras que se deberían impulsar en esta materia en el corto plazo para comenzar a destruir este círculo vicioso de muerte y violencia que nos envuelve.